Cuestionado sobre el tema del llamado “cartel inmobiliario”, Jorge Romero Herrera, indicó que es mentira y se trató de una persecución política en su contra justo en el momento en el que se pretendieron aprobar las reformas de López Obrador, sin embargo, sentenció que él no le tiene miedo a la 4T.
“Es fácil decir oposición de una cámara y delante de puros panistas, lo difícil cuando tienes el aparato y toda una postila en la cabeza”, dijo al denunciar que llevan dos años buscando como amedrentarlo, “no pudieron imputarme ni una cosa luego de dos años”, expresó al señalar que no sólo le buscaron a él, su esposa, sus papás, “mi pasado será siempre el mismo”.
“A mí me vacunó la 4T… mientras más llegó la presión curiosamente sale lo del cártel imaginario y por más que me guiñaron, no sólo votamos en contra y no pudieron… me vacunaron para enfrentar a la 4T tengo temor de Dios, pero no de la 4T”, expresó.
Añadió que el PAN tiene que regresar a las causas originales, pues se han diluido mal, pareciera que les da vergüenza, “cómo ahora no lo hacemos ahora no votan por nosotros, tiene que ser intergeneracional que sea la diferencia, el PAN defiende la vida si o no, la familia, una defensa de la clase media, si o no”.
Ante ello consideró que el PAN debe generar debate en el Consejo Nacional, que no sean tres mensajes y todo mundo se regresa a su casa, ya que antes eran sesiones de 3 días y debatían con vehemencia y convicción, ya que lo que se enfrenta es la destrucción del país, de poderes, de organismos autónomos “de amedrentar a todo el universo”.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.