Fernando Mendoza es electo magistrado de la Octava Sala Civil
Fernando Mendoza Ruiz fue electo por el Congreso del Estado como magistrado de la Octava Sala Civil Distrito Morelos, por el voto en céluda de los legisladores locales quienes constituido en Colegio Electoral, le brindaron 22 votos a favor con 7 en contra que fueron anulados por los diputados de Morena, de un total de 29 cédulas distribuidas.
La junta de Coordinación Política al recibir la terna propuesta por la Comisión Especial, de la cual se elegirá a quien ocupe la Magistratura de la Octava Sala Civil en Distrito Morelos del Tribunal Superior de Justicia que se señalan, definió la titularidad entre:
- Fernando Mendoza Ruiz
- Francisco Javier Fierro Islas
- Jesús Antonio Cázares Orozco
Fernando Mendoza Ruiz
Cursó la Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua (titulación automática por promedio); Maestría en Derecho Político y Administración Pública, por la Universidad Autónoma de Chihuahua; Doctor en Derecho Judicial por el Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
En el ejercicio de su profesión se ha desempeñado como Jefe de la Oficina Jurídica de Oficialía Mayor, Jefe de Departamento de Relaciones Laborales, selección y capacitación de personal; ambos en la Presidencia Municipal de Chihuahua; Asesor Técnico del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua; Director General del Registro Civil del Estado de Chihuahua; Jefe de Departamento Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; Secretario Interino de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; Diputado local en la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, por el entonces Distrito XIX donde se desempeñó como Presidente del H. Congreso del Estado, Subcoordinador Parlamentario, Presidente de la Comisión de Justicia en el H. Congreso del Estado, Iniciador de la Ley de Cultura de la Legalidad del Estado de Chihuahua, entre otros importantes ordenamientos; Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua; Secretario General del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua en tres periodos diferentes; Secretario de Sala en la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Abogado litigante en el Despacho RF Consultoría Legal y Asociados; Catedrático a nivel licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Lo anterior denota que tiene más de veintisiete años en el servicio público desempeñándose también en el ámbito privado, en dos órdenes de gobierno y en los tres Poderes del Estado, destacándose particularmente al interior del Poder Judicial, desarrollando la función de Secretario de Sala proyectando sentencias de segunda instancia en materia civil y mercantil y actualmente tiene a su cargo la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia, lo que implica capacidad de dirección, administración de personal y conocimientos en diversas áreas del derecho y se destaca también que en su función como Secretario General, tiene a su cargo diversas funciones y áreas del propio Poder Judicial, particularmente la de fungir como secretario de acuerdos del Pleno de Tribunal Superior de Justicia, por lo que su perfil se considera idóneo para este procedimiento.
Tips al momento
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
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De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
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Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
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