Acusan complicidad de INM en secuestros
Cd. de México (12 marzo 2019).- El director de la organización Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mújica, acusó al Instituto Nacional de Migración de ser cómplice del secuestro de 22 personas en Tamaulipas.
"Hemos recibido testimonios de que en el retén conocido como El 30, ubicado antes de entrar a Reynosa, el Instituto Nacional de Migración les pide a los migrantes una clave que es entregada por los coyotes o por otras autoridades", afirmó el director de la organización que auxilia a las caravanas de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos.
"Según los migrantes, si ellos no portan la famosa clave de INM, les cobran de 500 a 2 mil pesos para dejarlos pasar, pero muchas veces aunque paguen son reportados a la red de coyotes para que los esperen en la terminal", añadió.
Mújica acusó que el INM está involucrado en una red de trata de personas que usa el transporte público, pero también tráilers y otros vehículos.
"Esto es una nueva forma de secuestro. Si no pagan, los detienen y tienen que pagar con trabajo, el INM está involucrado en una red de trata", sostuvo.
Mújica recordó que el mes pasado fue destituido el delegado del INM en Reynosa, Inocencio Almazán Monroy, por presuntamente encabezar una red de secuestro de migrantes a quienes se les exigía hasta 3 mil 500 dólares para liberarlos y evitar que fueran repatriados.
José Arnulfo Vargas Villarreal fue nombrado como encargado de la oficina.
"Se identificó y se destituyó al delegado de Tamaulipas; sin embargo, la red de trata que opera de frontera a frontera y que ha existido durante años no fue desmantelada por el nuevo comisionado ni existe una investigación, a pesar de tener la evidencia", afirmó Mujica vía telefónica.
"El INM está altamente corrompido y necesita una depuración urgente, para que no cobre más vidas", exigió el director de Pueblos Sin Fronteras.
REFORMA reveló esta semana el plagio de 22 migrantes por un comando armado en la carretera San Fernando-Reynosa. El secuestro ocurrió el 7 de marzo, aunque las autoridades de Tamaulipas lo mantuvieron en secreto durante cuatro días.
Alejando Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, informó hoy que otros 25 migrantes habían sido secuestrados en la misma zona el 21 de febrero.
Los plagios se realizan en la misma zona donde en 2010 fueron ejecutados 72 migrantes centroamericanos por el crimen organizado.
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América Rangel crítica imágenes del AIFA y desata debate político
La diputada América Rangel criticó públicamente las imágenes del AIFA difundidas por Claudia Sheinbaum, señalando que, aunque pueden parecer motivo de burla, en realidad reflejan una situación “muy grave”.
Rangel acusó que cuando una figura de alto nivel difunde información que considera falsa, no se trata solo de comunicación, sino de manipulación. Además, advirtió que tolerar este tipo de prácticas implica aceptar que el poder puede mentir sin consecuencias.
Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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