Ejecutan a hermano de Alfredo Olivas; una mujer y un bebé entre las víctimas
Asesinaron a Irving Olivas, hermano del cantante Alfredo Olivas, en Zapopan, Jalisco; también murieron la esposa de la víctima y su bebé de 1 año y 8 meses de edad quienes viajaban en una camioneta Cadillac negra modelo 2021, con placas JSJ-5870, cuando sujetos con armas largas les bloquearon el acceso para luego dispararles desde todos los costados.
El asesinato ocurrió en el cruce de Periférico Norte y avenida 5 de Mayo en la colonia San Juan de Ocotán en el municipio de Zapopan, elementos de la policía aseguraron la camioneta que estaba contra el muro de contención subterráneo, con múltiples impactos de bala en todos los costados.
Dentro del auto encontraron a cinco personas, todos con heridas de bala. De ellos murieron tres: el conductor, una mujer y un bebé de 1 año 8 meses de edad.
Los fallecidos fueron identificados como Irving Olivas, su esposa e hijo.
Terminó herido la otra hija del matrimonio, de cuatro años de edad, quien tenía un balazo en una de sus manos; igualmente sobrevivió una mujer, empleada doméstica de la familia.
A la escena llegaron elementos de la Fiscalía y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para levantar los cuerpos e iniciar las investigaciones, la oficina de prensa de Alfredo Olivas adelantó que preparan mensaje por parte del cantante por el asesinato de su hermano, su cuñada y su sobrino.
De acuerdo con reportes de medios, Irving ya había sufrido dos atentados de los cuales sobrevivió.
Comunicado
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La diputada América Rangel criticó públicamente las imágenes del AIFA difundidas por Claudia Sheinbaum, señalando que, aunque pueden parecer motivo de burla, en realidad reflejan una situación “muy grave”.
Rangel acusó que cuando una figura de alto nivel difunde información que considera falsa, no se trata solo de comunicación, sino de manipulación. Además, advirtió que tolerar este tipo de prácticas implica aceptar que el poder puede mentir sin consecuencias.
Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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