ULSA Chihuahua obtiene acreditación de la Licenciatura en Derecho con acentuación en Derecho de América del Norte
En la XXXII Sesión del Comité de Ciencias Sociales y Administrativas de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior A.C. (CIEES), celebrada el 22 de julio de 2021, se otorgó a la Universidad La Salle Chihuahua la Acreditación del programa educativo Licenciatura de Derecho con Acentuación en Derecho de América del Norte, con vigencia de cinco años.
Esto después de un análisis exhaustivo realizado por parte de los expertos que integraron la Comisión de Pares Académicos Externos (CPAE), quienes llevaron a cabo la evaluación correspondiente.
Esta Acreditación representa el cuarto programa académico acreditado en la Universidad, adicional a los obtenidos como: Ingeniería en Diseño Industrial en el 2017, Licenciatura en Comercio Internacional en el 2018 y el de la Licenciatura de Gestión y Desarrollo de Empresas en el 2019.
La comunidad universitaria se congratuló por la obtención de esta Acreditación y por la incorporación de dicho programa al Padrón de Programas de Educación Superior Reconocidos por su Buena Calidad de los CIEES, por lo que extendieron una cordial felicitación y agradecimiento a todos aquellos que hicieron posible este logro, como: alumnos, exalumnos, catedráticos, empleadores y personal administrativo.
Comunicado
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América Rangel crítica imágenes del AIFA y desata debate político
La diputada América Rangel criticó públicamente las imágenes del AIFA difundidas por Claudia Sheinbaum, señalando que, aunque pueden parecer motivo de burla, en realidad reflejan una situación “muy grave”.
Rangel acusó que cuando una figura de alto nivel difunde información que considera falsa, no se trata solo de comunicación, sino de manipulación. Además, advirtió que tolerar este tipo de prácticas implica aceptar que el poder puede mentir sin consecuencias.
Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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