Suprema Corte rechazó revisar caso de Teófilo Zaga Tawil, acusado de fraude al Infonavit
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la solicitud de Teófilo Zaga Tawil para que atrajera el amparo que promovió ante el noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, en el proceso que se le sigue por defraudación fiscal equiparada, por más de 5 mil 88 millones de pesos, cometida contra el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
El quejoso, junto con su hermano Rafael y su sobrino Elías Zaga, están acusados de haber obtenido del Infonavit una compensación multimillonaria por el resarcimiento anticipado de un contrato firmado con la empresa Telra Realthy, de su propiedad.
Una auditoría permitió comprobar que dicha indemnización, autorizada por el entonces director general del Infonavit, David Penchyna, fue ilegal, pues la empresa no tenía ni la experiencia ni los medios técnicos para cumplir con el contrato pactado, por lo cual determinó que todo se trató de una simulación para defraudar al instituto.
En abril del año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, pero sólo Teófilo Zaga pudo ser detenido en su residencia de Xochitepec, Morelos.
El imputado fue ingresado al penal federal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, estado de México, donde permanece.
Sus abogados han buscado que se revierta la vinculación a proceso de su cliente y que se cambie al juez de la causa, para lo cual recurrieron al juzgado décimo primero de distrito de amparo en materia penal, quien les negó la protección de la justicia federal. Apelaron entonces ante el colegiado, pero al mismo tiempo solicitaron a la SCJN que atrajera el caso.
El viernes pasado, la SCJN determinó rechazar esta solicitud: “ya que además de que carece de legitimación (...) no podría hacerse un pronunciamiento de fondo respecto al asunto mencionado, en tanto que ésta ya se resolvió en definitiva”.
De esta manera, el juicio contra Teófilo Zaga podrá seguir en los términos planteados por la FGR.
Tomado de Vanguardia
Con información de Medios
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Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
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De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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