Suprema Corte rechazó revisar caso de Teófilo Zaga Tawil, acusado de fraude al Infonavit
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la solicitud de Teófilo Zaga Tawil para que atrajera el amparo que promovió ante el noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, en el proceso que se le sigue por defraudación fiscal equiparada, por más de 5 mil 88 millones de pesos, cometida contra el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
El quejoso, junto con su hermano Rafael y su sobrino Elías Zaga, están acusados de haber obtenido del Infonavit una compensación multimillonaria por el resarcimiento anticipado de un contrato firmado con la empresa Telra Realthy, de su propiedad.
Una auditoría permitió comprobar que dicha indemnización, autorizada por el entonces director general del Infonavit, David Penchyna, fue ilegal, pues la empresa no tenía ni la experiencia ni los medios técnicos para cumplir con el contrato pactado, por lo cual determinó que todo se trató de una simulación para defraudar al instituto.
En abril del año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, pero sólo Teófilo Zaga pudo ser detenido en su residencia de Xochitepec, Morelos.
El imputado fue ingresado al penal federal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, estado de México, donde permanece.
Sus abogados han buscado que se revierta la vinculación a proceso de su cliente y que se cambie al juez de la causa, para lo cual recurrieron al juzgado décimo primero de distrito de amparo en materia penal, quien les negó la protección de la justicia federal. Apelaron entonces ante el colegiado, pero al mismo tiempo solicitaron a la SCJN que atrajera el caso.
El viernes pasado, la SCJN determinó rechazar esta solicitud: “ya que además de que carece de legitimación (...) no podría hacerse un pronunciamiento de fondo respecto al asunto mencionado, en tanto que ésta ya se resolvió en definitiva”.
De esta manera, el juicio contra Teófilo Zaga podrá seguir en los términos planteados por la FGR.
Tomado de Vanguardia
Con información de Medios
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Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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