Muere ‘Pancho Cachondo’, el polémico ‘diputable’ del PAN a los 54 años de edad
Francisco Solís Peón, mejor conocido como Pancho Cachondo, controvertido político mexicano falleció víctima, al parecer, de COVID-19, aunque también habría sido de una enfermedad que padecía en el estómago.
El ex diputado de Acción Nacional por la Asamblea del Distrito Federal y también ex candidato, en 2017, a la alcaldía de Mérida por el PRD, estaba internado e intubado desde hace más de una semana en un hospital particular de Mérida. Tenía 54 años de edad.
El político originario de Yucatán, es mayormente reconocido por los escándalos en los que se involucró su trayectoria dentro de la política.
Y es que, según medios, Francisco Solís Peón se caracterizó por hacer propuestas legislativas en relación a la prostitución, además de ser unos de los promotores de campañas para obsequiar preservativos.
¿Quién fue Pancho Cachondo, el ‘Diputable’?
Francisco Solis Peón nació en Yucatán el 14 de julio de 1968. En Mérida estudió en el Centro Universitario Montejo.
Como diputado se caracterizó por sus propuestas en torno a la prostitución y a quienes ejercían esa actividad.
De hecho, lo apodaron como el “diputable”, debido a su afición a los espectáculos tipo “table dance” en la Ciudad de México y en Mérida.
Por estar en contra de los principios de su partido, el PAN lo expulsó en marzo de 2003, y en respuesta, posó semidesnudo para una revista, con el logo de Acción Nacional tapando sus genitales.
En 2017 se postuló como candidato a la alcaldía de Mérida por el Frente Ciudadano y se dijo apoyado por un grupo del PRD Galileos.
También se hizo conocido por apoyar públicamente la Ley de Sociedad de Convivencia.
La noche de este lunes falleció víctima de complicaciones en su salud, después de haber superado el Covid-19. Tenía 54 años.
Con información de Vanguardia
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Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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