Daniela Álvarez pide a Conade apoyos económicos y materiales a niñas, niños y adolescentes con talento deportivo

Con el objetivo de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) brinde los apoyos económicos y materiales a niñas, niños y adolescentes con talento deportivo que practiquen de manera competitiva y participen en juegos infantiles y juveniles nacionales, la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández (PAN) presentó una iniciativa.

La propuesta, que reforma el primer párrafo del artículo 116 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, expone que el fin es potenciar sus habilidades para llegar a ser atletas de alto rendimiento, sentando las bases a temprana edad. 

El documento, remitido a la Comisión de Deporte, menciona que no hay estímulos para niñas, niños y adolescentes, lo que ocasiona efectos negativos importantes como la baja participación en eventos deportivos competitivos a nivel nacional. 

Agrega que la carga económica es para los padres de familia quienes apoyan los requerimientos deportivos y logísticos de los eventos y no siempre pueden cubrirlos, con lo cual se vulnera el derecho al deporte al no poder desarrollar todas sus potencialidades. 

Resalta que el estímulo deportivo para fomentar el deporte es un tema de vital importancia, dado que les permite mayor oportunidad de éxito en las metas planteadas y genera desde temprana edad que niñas, niños y adolescentes vean en esta actividad una forma de vida; por ello, es importante crear los incentivos para que los futuros atletas puedan alcanzar sus metas. 

Refiere que “deportistas con mucho esfuerzo, dedicación y sacrificio han llevado el nombre de nuestro país a los podios del mundo. Niñas, niños y adolescentes que a muy corta edad cuentan con uno o más talentos y a través del apoyo de familiares, amigos, marcas deportivas y empresas privadas pueden llegar a ser grandes atletas”. 

Sin embargo, agrega, “no todos corren con la misma suerte, cientos de niñas y niños con talento sufren por conseguir recursos para participar en los diversos eventos nacionales e internacionales, sus padres tienen que sacrificar lo poco que poseen para apoyarlos en los requerimientos que el deporte exige”. 

Resalta que “conseguir el uniforme que requieren, viáticos para poder asistir acompañados por sus padres al ser menores de edad, hotel, comidas, etcétera, son algunas de las cosas que carecen muchos de ellos”.

 

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Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.


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De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.

Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.

El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.

Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana. 

La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo. 

La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.

Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.

Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.

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