Juan Carlos Romero Hicks levanta la mano para ser presidenciable por la oposición en 2024.
Juan Carlos Romero Hicks, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) y ex Gobernador de Guanajuato, destapó su aspiración para contender por la Presidencia de la República en el 2024.
“Yo me voy a apuntar para la Presidencia de la República”, aseguró enfático.
El legislador afirmó que ya planteó su aspiración tanto a las dirigencias nacional y estatal de Acción Nacional, así como a los exgobernadores panistas y al mandatario estatal Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en una reciente reunión que tuvieron.
Romero Hicks dijo que en esta intención de contender por la Presidencia de la República “estamos haciendo equipo” con los otros cuatro exgobernadores panistas de Guanajuato.
Afirmó que hay cinco retos que enfrenta el país y que no han sido atendidos, como el Estado de Derecho y la inseguridad, la economía que genere más empleo, el fortalecimiento de las instituciones y una efectiva política exterior.
“En su momento vamos a abrir el proceso y bienvenidos que haya más competidores, sí bienvenidos (…) (para el PAN) este es un año muy importante, de eso platicamos también porque en el calendario del PAN nacional y local se renuevan muchos liderazgos. En septiembre se renuevan los Comités Directivos Municipales del partido, en los siguientes meses se va a renovar el consejo nacional y estatal; y en noviembre será la asamblea general extraordinaria en donde se discutirá la propuesta de renovación estatutaria y el programa de acción política”, señaló.
Juan Carlos Romero Hicks es licenciado en Relaciones Industriales; tiene maestría en Psicología y en Administración.
Su actividad pública comenzó como Rector General de la Universidad de Guanajuato de 1991 a 1999; de allí pasó a ser gobernador de Guanajuato en el periodo 2000-2006; luego fue director del Conacyt del 2006 al 2011 y del 2012 al 2018 senador de la República.
A partir del 2018, y hasta la fecha, es diputado federal por Guanajuato, además, desde hace 22 años, ha sido consejero estatal y nacional de su partido.
Con información de El Financiero
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Rangel acusó que cuando una figura de alto nivel difunde información que considera falsa, no se trata solo de comunicación, sino de manipulación. Además, advirtió que tolerar este tipo de prácticas implica aceptar que el poder puede mentir sin consecuencias.
Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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