AMLO visitó tumbas de sus padres y primera esposa por Día de Muertos
El presidente Andrés Manuel López Obrador viajó a Tabasco con motivo del Día de Muertos. Visitó las tumbas de su padres, Andrés López Ramón y de Manuela Obrador González, así como de su primera esposa, Rocío Beltrán.
Primero visitó el Panteón Central de Villahermosa, donde se encuentran los restos de sus progenitores. Ahí se detuvo brevemente a conversar con un grupo de personas que estaban en el sitio. Estuvo acompañado por su hijo menor, Jesús Ernesto López Gutiérrez.
Después estuvo en el Recinto Memorial para visitar el sepulcro de Rocío Beltrán, con quien estuvo casado 24 años y con quien procreó a sus primeros tres hijos (Andrés Manuel, Gonzalo y José Ramón).
Quiénes fueron los padres de AMLO
Los padres de AMLO eran comerciantes, uno de ellos originario de Veracruz. Sobre su padre, Andrés López Ramón se sabe que nació el 4 de febrero de 1914 en Tres Valles en una familia campesina en situación de pobreza.
Fue en su juventud que se mudó a Tabasco. El 30 de octubre de 1952 contrajo nupcias con Manuela Obrador en el poblado tabasqueño de Tepetitán; su matrimonio duró hasta el 2000, año en que murieron ambos.
Durante la infancia del mandatario nacional, la pareja se asentó en Macuspana. López Obrador visitó el sitio como parte de la grabación del documental Este soy yo.
A su paso por la localidad en la que creció, rememoró cómo era la vida de sus padres comerciantes. “Se metía en los arroyos, a las lagunas y en todas las orillas vendía mi madre mercancía”, dijo sobre Manuela.
Además de a Andrés Manuel, el matrimonio procreó a José Ramón, quién murió jugando con una pistola; José Ramiro que incursionó en la política y llegó a ser alcalde de Macuspana; Pedro Arturo que fue candidato del PRD para diputado federal de Tlaxcala; Pío Lorenzo, quien actualmente es investigado por las autoridades mexicanas; Candelaria Beatriz y Martín Jesús, que están alejados de la esfera política.
Quién fue Rocío Beltrán
El presidente conoció a su primera esposa en Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde él era docente. Se trataba de Rocío Beltrán Medina, con quien se casó 8 de abril de 1979 en Villahermosa.
Se dice que ella tuvo gran influencia en la carrera política de López Obrador y que fue impulsora de uno de los cambios trascendentales en su trayectoria: dejar el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para unirse al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Cuando la pareja llevaba 17 años de matrimonio, la salud de Rocío comenzó a decaer, debido a los estragos del lupus, una enfermedad que ataca el sistema inmunológico.
Beltrán falleció el 12 de enero de 2003, a los 46 años de edad. Se encontraba en su casa en la colonia Copilco Universidad junto a López Obrador, quien la bajó en brazos para que recibiera atención médica tras un ataque al corazón, sin embargo; ya no tenía signos vitales.
Su última aparición pública fue un año antes, durante la visita del Papa Juan Pablo II. En ese entonces AMLO era jefe de gobierno del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México.
Desde su fallecimiento, que supuso un fuerte golpe para AMLO, él ha hecho algunas menciones en relación al apoyo que dio a su carrera. En noviembre de 2018 aseguró que “caminó de la mano y recorrió Tabasco cuando inició el movimiento de izquierda”.
Con información: Infobae.com
Tips al momento
América Rangel crítica imágenes del AIFA y desata debate político
La diputada América Rangel criticó públicamente las imágenes del AIFA difundidas por Claudia Sheinbaum, señalando que, aunque pueden parecer motivo de burla, en realidad reflejan una situación “muy grave”.
Rangel acusó que cuando una figura de alto nivel difunde información que considera falsa, no se trata solo de comunicación, sino de manipulación. Además, advirtió que tolerar este tipo de prácticas implica aceptar que el poder puede mentir sin consecuencias.
Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
Tips al momento
América Rangel crítica imágenes del AIFA y desata debate político
La diputada América Rangel criticó públicamente las imágenes del AIFA difundidas por Claudia Sheinbaum, señalando que, aunque pueden parecer motivo de burla, en realidad reflejan una situación “muy grave”.
Rangel acusó que cuando una figura de alto nivel difunde información que considera falsa, no se trata solo de comunicación, sino de manipulación. Además, advirtió que tolerar este tipo de prácticas implica aceptar que el poder puede mentir sin consecuencias.
Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
Notas recientes
Las más leídas
