Por inseguridad, DIDI solicita CURP y verificación de identidad a usuarios
DiDi implementó una nueva estrategia de seguridad, basada en modelos de Inteligencia Artificial (IA), que permite identificar zonas de alta criminalidad y enviar avisos de alerta a los socios conductores sobre los riesgos que éstas representan.
Además puso en operación un sistema que verifica la identidad de los usuarios, a través del registro de la Cave Única de Registro de Población (CURP) y el análisis biométrico del rostro de los usuarios.
El director de Operaciones de Seguridad para Hispanoamérica de DiDi, Pablo Lamuraglia, informó que el mapeo de zonas de alta criminalidad está diseñado permitir que los socios conductores tengan conocimiento del riesgo que puede implicar una viaje a esas áreas.
“Nosotros damos un aviso al conductor de que la zona, donde se solicitó el viaje, podría ser considerada de riesgo y dejamos que el conductor tome la decisión” de realizarlo o rechazar la solicitud.
“Si el conductor siente –algún peligro– y dice ‘no me siento muy cómodo en ir’, puede rechazar ese viaje y no tiene ninguna penalidad”, dijo durante la presentación a los medios de comunicación de su nuevo modelo de verificación de identidad.
El directivo explicó que las áreas de peligro son ubicadas a través de un análisis de datos e informes emitidos por las fiscalías, secretarías de seguridad, ministerios públicos y alertas compartidas por los propios conductores y usuarios de DiDi.
Y aunque, por motivos estratégicos no es posible ofrecer detalles sobre el número o las características de esas zonas, apuntó que la criminalidad es muy “dinámica, muta y cambia” de una zona a otra en días o semanas.
Verificación de identidad
Sobre la verificación de la identidad de los usuarios, Pablo Lamuraglia explicó que DiDi cuenta con tres niveles de seguridad, complementan a las alertas sobre las zonas de alta criminalidad:
- Verificación a través de la tarjeta de crédito, usada para cubrir el importe de los viajes, que cuenta con el respaldo institución bancaria, que ya existía
- Activación de la Insignia esencial, a través del registro de la CURP en la app de DiDi, que validada el nombre e identidad oficial del usuario.
- Aplicación de la Insignia Avanzada, la cual integra los primeros dos procesos y se complementa con una foto del pasajero, que es analizada a través de sistemas biométricos.
En caso de que el usuario pague el viaje en efectivo, los sistemas de Inteligencia Artificial de la plataforma, solicitan una selfie, que ayuda a comprobar la identidad del pasajero.
El director de Operaciones de Seguridad de Hispanoamérica de la app puntualizó que los procesos de verificación “no son obligatorios” para el público, pero invitó a los usuarios a registrar su CURP y su foto, para activar de las nuevas insignias y crear un “ecosistema más seguro”.
Información de Publimetro.
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De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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