Colaboradores de la ASE concluyen la maestría en Auditoría de la FCA
Un grupo de 10 colaboradores de la Auditoría Superior del Estado (ASE) concluyó la Maestría en Auditoría de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con una beca de estudios al cien por ciento otorgada por el órgano fiscalizador.
Se colaboró con la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua para lograr un programa académico con conocimientos prácticos, actualizados y enfocados al área gubernamental; que abordara los temas de mayor interés para el desarrollo de las funciones de fiscalización de la ASE.
Los ahora graduados se postularon y presentaron un examen de selección puesto por la Facultad de Contaduría y Administración, y, fueron los mejores promedios quienes obtuvieron la beca para el curso que tuvo una duración de dos años y medio.
En enero de 2021 iniciaron las clases que ocurrieron cada viernes y sábado de 6 de la tarde a 9 de la noche y de 11 de la mañana a 2 de la tarde respectivamente hasta terminar el curso el pasado mes de agosto del presente 2023.
La beca que fue otorgada se hizo dentro del marco del programa de capacitación constante que mantiene la Auditoría Superior, para dar cumplimiento a su visión como una institución respetada por su profesionalismo y prestigio.
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La diputada América Rangel criticó públicamente las imágenes del AIFA difundidas por Claudia Sheinbaum, señalando que, aunque pueden parecer motivo de burla, en realidad reflejan una situación “muy grave”.
Rangel acusó que cuando una figura de alto nivel difunde información que considera falsa, no se trata solo de comunicación, sino de manipulación. Además, advirtió que tolerar este tipo de prácticas implica aceptar que el poder puede mentir sin consecuencias.
Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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