Exaspirante a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez acusa irregularidades e imposición del candidato de la alianza opositora

Chiapas.-El empresario Bayardo Robles Riqué acusó irregularidades y la imposición de Francisco Rojas Toledo como candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez por la coalición PRI, PAN y PRD.

El empresario chiapaneco, que también aspiraba a ser el candidato, señaló que la coalición Fuerza y Corazón por México realizó una encuesta con reactivos que no fueron los del acuerdo inicial y que no empatan con ninguna medición demoscópica pasada y actual, además del retraso de 13 días en presentar el resultado.

“En total desacuerdo con las irregularidades presentadas a lo largo de este proceso, iniciando con la visita del presidente nacional del PAN específicamente para el destape de su precandidato, con meses de anticipación, incurriendo en los mismos excesos e irregularidades que el PAN critica”, aseveró Robles Riqué.

Apuntó que esta decisión se realizó sin tomar en cuenta a nadie más, en contra de la democracia y de la competencia justa que tanto reclaman a sus opositores.

“Reitero mi congruencia y honestidad, pero estos actos contrarios a la democracia deben exponerse porque estoy en desacuerdo con las reglas que no fueron claras”, dijo.

Paco Rojas, como es conocido, fue alcalde de la capital chiapaneca en el periodo de 1999 a 2001. En el 2006 fue candidato a la gubernatura de Chiapas por el PAN, sin poder obtener el triunfo.

A través de un comunicado, los líderes estatales Rubén Zuarth, por el PRI; Carlos Palomeque, por el PAN, y José Vázquez por el PRD, afirmaron que Rojas Toledo cuenta con la experiencia y el compromiso para ser electo como alcalde de Tuxtla Gutiérrez, además del respaldo de la militancia y la ciudadanía que lo apoyan y confían en él.

“Francisco Antonio Rojas Toledo, con el respaldo de las dirigencias nacionales y estatales de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), encabezará la coalición Fuerza y Corazón por México para contender por la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, subrayaron.

Hasta ahora, Bayardo Robles señaló que tomará las medidas pertinentes, aunque no especificó cuál será su actuar.

Con información de Latinus

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Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.


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De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.

Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.

El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.

Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana. 

La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo. 

La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.

Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.

Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.

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