
Eleazar del Valle, mejor conocido como el Kompa Yaso, falleció el día de hoy 17 de octubre a los 54 años de edad. El comediante había sido trasladado de urgencia a un hospital el pasado viernes 11 de octubre después de que fuese encontrado inconsciente tras recibir un fuerte golpe.
Durante su permanencia en el hospital, el comediante había estado bajo sedación con dos medicamentos que lo mantenían en estado comatoso. Se esperaba que los medicamentos pudiesen ser retirados gradualmente. Sin embargo, Eleazar del Valle habría sufrido varias complicaciones de salud en los últimos años.
En 2022, el comediante develó que padecía de insuficiencia renal y que necesitaría un trasplante de riñón derivado de esta condición. Por esto mismo fue sometido a tratamientos de hemodiálisis. Esta condición le provocó una hipertensión.
El día de hoy, el programa Chisme TV confirmó el fallecimiento de Eleazar Del Valle "Kompa Yaso" a los 54 años de edad. María Luisa Valdés doria también informó el suceso en su cuenta oficial de X. En el mensaje se menciona que la confirmación la habría dado la hermana del comediante Alix.
Posteriormente, el programa Chisme No Like, de donde era colaborador, publicó en Instagram una imagen lamentando el fallecimiento del comediante. "Pronta resignación para su familia, que en paz descanse" desea el post.
¿Quién era el Kompa Yaso?
Eleazar del Valle era un comediante de humor negro mexicano. Nació el 13 de abril de 1970 y estudió Literatura Dramática y Teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En entrevistas confesó que siempre estuvo inclinado hacia la comedia, aunque siempre soñó con ser galán de telenovelas. Ya con la máscara y como Kompa Yaso colaboró en programas como Chisme No Like, La Ke Buena y muchos otros más.
Con información de Informador.mx

La diputada América Rangel criticó públicamente las imágenes del AIFA difundidas por Claudia Sheinbaum, señalando que, aunque pueden parecer motivo de burla, en realidad reflejan una situación “muy grave”.
Rangel acusó que cuando una figura de alto nivel difunde información que considera falsa, no se trata solo de comunicación, sino de manipulación. Además, advirtió que tolerar este tipo de prácticas implica aceptar que el poder puede mentir sin consecuencias.
Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.

La diputada América Rangel criticó públicamente las imágenes del AIFA difundidas por Claudia Sheinbaum, señalando que, aunque pueden parecer motivo de burla, en realidad reflejan una situación “muy grave”.
Rangel acusó que cuando una figura de alto nivel difunde información que considera falsa, no se trata solo de comunicación, sino de manipulación. Además, advirtió que tolerar este tipo de prácticas implica aceptar que el poder puede mentir sin consecuencias.
Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
