Investigan a diputado argentino por compra de apartamentos en Miami a través de sociedades 'offshore'
La Justicia de Argentina investiga por presunta corrupción y lavado de dinero al diputado Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO (macrismo) en la cámara baja.
Ritondo fue denunciado a raíz de una revelación periodística que descubrió que la esposa del legislador, la abogada Romina Aldana Diago, había comprado y vendido varias propiedades en Miami, Florida, EE.UU., a través de sociedades 'offshore', radicadas en paraísos fiscales.
En 2012, Diago, mano derecha del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), figuraba como gerente de la sociedad Goformore LLC, un término que podría traducirse en inglés como 'Vamos-por-más'. Mediante esa empresa con domicilio en Miami, ha realizado operaciones inmobiliarias por más de 1,5 millones de dólares entre 2013 y 2015.
En el mes de julio, Ritondo celebró su designación como presidente del PRO con un mensaje en la red social X: "¡Vamos por más!", escribió.
La trama de sociedades
De acuerdo a la investigación realizada por elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en 2013 la pareja de Ritondo dejó la gerencia de Goformore, que pasó a otra persona, María José Pérez Millán, que es a su vez representante de otra sociedad, Ilustre LLC, radicada en Delaware (EE.UU.) en febrero de 2015.
Esta compañía es, al mismo tiempo, propiedad de una tercera sociedad, Bonita Holdings 39, de Florida, que también está integrada por Romina Diago. La mujer del diputado se desvinculó en 2013 de Goformore, pero la firma todavía es dueña de tres departamentos en Miami, mientras que un cuarto fue vendido.
Una de las propiedades adquiridas mediante Goformore, valuada en 580.000 dólares, fue comprada por Juan José Pazo, otro hombre del macrismo que, a principios de diciembre, fue designado por el Gobierno de Javier Milei como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Además, la esposa de Ritondo aparece como beneficiaria final de Sunstar Point, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, y maneja un fideicomiso en Florida para controlar sus bienes en el exterior, denominado Warwick Trust. Al estar casada con Ritondo, en caso de que algo le ocurriera a Diago el diputado macrista se haría cargo del fideicomiso, cuyos beneficiarios son los hijos del matrimonio.
La denuncia
La pareja ha sido denunciada ante la Justicia por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias. También por los supuestos delitos contra el orden económico y financiero e incumplimiento de deberes de funcionario público, en el caso de Ritondo.
En una ampliación de la denuncia, la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica), sumó a las propiedades en Florida 72 inmuebles y 10 vehículos no declarados en Argentina, presuntamente vinculados a una empresa constructora de Ritondo.
El jueves, el presidente Milei defendió al legislador macrista y aseguró que es "víctima de operaciones" por ayudar al Gobierno libertario, cumpliendo un "rol fundamental" para que avancen los proyectos del oficialismo en la cámara de Diputados.
Con información de Actualidad.rt.
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Crece el hartazgo al abandono del gobierno y la violencia
En el creciente hartazgo social hacia la 4T, la crisis de violencia, incertidumbre, abandono institucional, desgaste económico y social, más de 700 ciudadanos, entre destacados activistas, empresarios, académicos y productores, lanzaron un desplegado público.
Bajo el título “Desplegado Ciudadano”, los firmantes de Sinaloa, se pronuncian en contra de una crisis que ha superado cualquier discurso oficial, calificando el entorno actual como “insostenible”.
"La realidad ha superado los discursos. Vivimos en un entorno de riesgo, incertidumbre y desgaste económico y social que no distingue sectores ni actividades", cita el comunicado.
Denuncian que la falta de condiciones mínimas para operar y vivir ha dejado a las familias y empresas en un estado de vulnerabilidad absoluta}, el incumplimiento de acuerdos y el abandono por parte de las autoridades.
Los firmantes exigen una articulación social amplia para presionar por soluciones.
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