Investigan a diputado argentino por compra de apartamentos en Miami a través de sociedades 'offshore'
La Justicia de Argentina investiga por presunta corrupción y lavado de dinero al diputado Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO (macrismo) en la cámara baja.
Ritondo fue denunciado a raíz de una revelación periodística que descubrió que la esposa del legislador, la abogada Romina Aldana Diago, había comprado y vendido varias propiedades en Miami, Florida, EE.UU., a través de sociedades 'offshore', radicadas en paraísos fiscales.
En 2012, Diago, mano derecha del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), figuraba como gerente de la sociedad Goformore LLC, un término que podría traducirse en inglés como 'Vamos-por-más'. Mediante esa empresa con domicilio en Miami, ha realizado operaciones inmobiliarias por más de 1,5 millones de dólares entre 2013 y 2015.
En el mes de julio, Ritondo celebró su designación como presidente del PRO con un mensaje en la red social X: "¡Vamos por más!", escribió.
La trama de sociedades
De acuerdo a la investigación realizada por elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en 2013 la pareja de Ritondo dejó la gerencia de Goformore, que pasó a otra persona, María José Pérez Millán, que es a su vez representante de otra sociedad, Ilustre LLC, radicada en Delaware (EE.UU.) en febrero de 2015.
Esta compañía es, al mismo tiempo, propiedad de una tercera sociedad, Bonita Holdings 39, de Florida, que también está integrada por Romina Diago. La mujer del diputado se desvinculó en 2013 de Goformore, pero la firma todavía es dueña de tres departamentos en Miami, mientras que un cuarto fue vendido.
Una de las propiedades adquiridas mediante Goformore, valuada en 580.000 dólares, fue comprada por Juan José Pazo, otro hombre del macrismo que, a principios de diciembre, fue designado por el Gobierno de Javier Milei como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Además, la esposa de Ritondo aparece como beneficiaria final de Sunstar Point, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, y maneja un fideicomiso en Florida para controlar sus bienes en el exterior, denominado Warwick Trust. Al estar casada con Ritondo, en caso de que algo le ocurriera a Diago el diputado macrista se haría cargo del fideicomiso, cuyos beneficiarios son los hijos del matrimonio.
La denuncia
La pareja ha sido denunciada ante la Justicia por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias. También por los supuestos delitos contra el orden económico y financiero e incumplimiento de deberes de funcionario público, en el caso de Ritondo.
En una ampliación de la denuncia, la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica), sumó a las propiedades en Florida 72 inmuebles y 10 vehículos no declarados en Argentina, presuntamente vinculados a una empresa constructora de Ritondo.
El jueves, el presidente Milei defendió al legislador macrista y aseguró que es "víctima de operaciones" por ayudar al Gobierno libertario, cumpliendo un "rol fundamental" para que avancen los proyectos del oficialismo en la cámara de Diputados.
Con información de Actualidad.rt.
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Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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