Pemex y CFE serán empresas públicas del estado, tras aprobación de reforma en San Lázaro
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Diputados oficialistas, junto a Movimiento Ciudadano (MC), aprobaron la reforma sobre leyes secundarias para que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sean empresas públicas el Estado.
La reforma fue aprobada en lo general y en lo particular por 332 votos a favor y 83 en contra de la enmienda de diez leyes que busca reformar completamente el sistema tanto eléctrico como petrolero mexicano, además de que crea las leyes de los sectores Eléctrico e Hidrocarburos, de Planeación y Transición Energética, de Biocombustibles, Geotermia y de la Comisión Nacional de Energía.
La reforma expide la Ley de la Empresa Pública del Estado para la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de la Empresa Pública del Estado para Petróleos Mexicanos; las leyes de los sectores Eléctrico y de Hidrocarburos, también reforma disposiciones de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La reforma aprobada por el Congreso fue enviada a la titular del Ejecutivo para que la publiqué en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y posteriormente entre en vigor.
Reformas secundarias no benefician al pueblo: PRI
Durante el debate, que duró más de siete horas, los diputados de oposición afirmaron que estas reformas secundarias no beneficiarán al desarrollo del país ni a Pemex ni a CFE sino serán un retroceso para la economía de las familias mexicanas.
El diputado del PRI, Arturo Yáñez Cuellar, dijo que no apoyarán la iniciativa ya que afirmó que estas modificaciones en materia energética no constituyen un desarrollo económico para el país, sino por el contrario, constituyen un grave retroceso que resta competitividad al sector y solo endeuda más al país.
“El argumento oficialista de recuperar la soberanía energética no es más que una narrativa caduca y errónea, es esconderse detrás de un falso nacionalismo y no entender la importancia de diversificar las oportunidades que ofrece la inversión y la colaboración de particulares”, explicó.
Por su parte, el diputado panista, David Azuara Zúñiga, afirmó que esta reforma energética, que pretende disfrazarse de cambio, en realidad es un retroceso que amenaza la economía de las familias mexicanas.
“Las leyes secundarias que impulsan no buscan modernizar el sector energético ni generar inversiones productivas, sino convertir a México en un país atado a un modelo del siglo pasado.
“No podemos seguir permitiendo que sigan apostando por un monopolio estatal, ineficiente y opaco, cuando el mundo avanza hacia energías limpias y modelos competitivos. Lo más sensato sería fortalecer la transparencia y la competencia, en lugar de perpetuar la falta de claridad en la gestión de las empresas públicas del Estado”, enfatizó.
Con información de proceso.com.mx
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La diputada América Rangel criticó públicamente las imágenes del AIFA difundidas por Claudia Sheinbaum, señalando que, aunque pueden parecer motivo de burla, en realidad reflejan una situación “muy grave”.
Rangel acusó que cuando una figura de alto nivel difunde información que considera falsa, no se trata solo de comunicación, sino de manipulación. Además, advirtió que tolerar este tipo de prácticas implica aceptar que el poder puede mentir sin consecuencias.
Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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