Detienen en Chiapas al “Doble Cero”, presunto líder del CJNG
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Abraham “M”, alias “Doble Cero”, un peligroso delincuente fugitivo, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el estado de Veracruz, con un historial de crímenes violentos y por quien se ofrecía una recompensa de 350 mil pesos para su recaptura, fue detenido en Chiapas, informó el Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca.
“Fue detenido hace unos momentos en Tuxtla Gutiérrez; el fin de semana recibimos un oficio de colaboración, complementamos las investigaciones y hoy fue detenido Abraham “M”, líder criminal de un grupo generador de violencia en Veracruz”, dijo Llaven Abarca.
Señaló que la Fiscalía de Veracruz había ofrecido una recompensa de 350 mil pesos por información que condujera a su localización y captura del delincuente, y se habían colocado anuncios espectaculares en varios lugares para dar con su paradero.
“Vamos actuar en colaboración en coordinación siempre para garantizar la paz y la tranquilidad del estado de Chiapas, seguiremos en comunicación para cualquier otro dato de investigación que se requiera del caso”, agregó el fiscal en una video grabación donde se muestra una camioneta blanca donde se cree fue detenido Abraham “M”, acusado de homicidio calificado.
De acuerdo a la dependencia, se le imputan delitos graves como homicidios, secuestros y cobro de piso. El “Doble Cero” ha estado relacionado con el asesinato de funcionarios y empresarios en Veracruz, incluyendo el caso de la empresaria Susana Carrera, quien fue secuestrada y, posteriormente, asesinada porque su familia no pagó el rescate.
En su historial delictivo se cuenta que, a pesar de haber sido capturado por la Marina Armada en al menos una ocasión (en 2019), ha logrado quedar en libertad en ocasiones anteriores, lo que ha generado críticas y preocupación por parte de las autoridades y la sociedad veracruzana.
Con información de proceso.com.mx
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Rangel acusó que cuando una figura de alto nivel difunde información que considera falsa, no se trata solo de comunicación, sino de manipulación. Además, advirtió que tolerar este tipo de prácticas implica aceptar que el poder puede mentir sin consecuencias.
Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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