Registros del gran jurado de Jeffrey Epstein permanecerán sellados según decisión de juez federal
Reuters.- Un juez estadounidense rechazó el miércoles la solicitud del Departamento de Justicia de revelar los registros del gran jurado que acusó al fallecido financiero Jeffrey Epstein por cargos de tráfico sexual.
La decisión del juez federal de distrito Richard Berman, con sede en Manhattan, se produce en un momento en que el presidente Donald Trump intenta calmar el descontento de su base conservadora de partidarios por el manejo del caso por parte de su gobierno.
El mandatario republicano había prometido hacer públicos los archivos relacionados con Epstein si era elegido y acusó a los demócratas de encubrir la verdad. Sin embargo, en julio, el Departamento de Justicia se negó a publicar más material de su investigación del caso y afirmó que la lista de clientes de Epstein, previamente promocionada, no existía, lo que enfureció a los partidarios de Trump.
Las pruebas vistas y escuchadas por los grandes jurados, que operan a puerta cerrada para evitar interferencias en las investigaciones penales, no pueden divulgarse sin la aprobación de un juez. En julio, Trump ordenó a la fiscal general, Pam Bondi, que solicitara la aprobación judicial para la divulgación del material del gran jurado en el caso de Epstein.
El gran jurado que acusó a Epstein escuchó a un solo testigo, un agente de la Oficina Federal de Investigaciones, dijo elDepartamento de Justicia en una presentación judicial en julio.
Epstein se suicidó en 2019 mientras esperaba el juicio por tráfico sexual. Se había declarado inocente.
Su muerte en prisión y sus amistades con personas adineradas y poderosas dieron pie a teorías conspirativas que apuntaban a que otras personas prominentes estaban implicadas en sus presuntos delitos y fue asesinado. El médico forense jefe de la ciudad de Nueva York determinó que se suicidó por ahorcamiento.
El 11 de agosto, otro juez de Manhattan, Paul Engelmayer, denegó una solicitud similar del Departamento de Justicia para revelar el testimonio y las pruebas del gran jurado en el caso de Ghislaine Maxwell, novia de Epstein. Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión tras ser condenada en 2021 por reclutar a menores de edad para que Epstein abusarade ellas.
Con información de: LatinUs.
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Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
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De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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