Al menos cuatro líderes del Cártel del Maíz tienen ficha roja de Interpol, afirma fiscalía de Chiapas
El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que al menos cuatro líderes del Cártel del Maíz cuentan con fichas rojas de Interpol para que las autoridades de Guatemala ayuden con su localización y detención.
En conferencia de prensa, Llaven Abarca identificó a Vladmir "N" y Noé "N" como los dos principales líderes de dicha organización criminal en la zona de la Sierra y que actualmente radican en el país vecino.
"Hemos solicitado las fichas desde hace más de un mes a Interpol México para que haga lo propio con nuestros homólogos de Guatemala y podamos tener la detención y puedan ser traídos aquí para que enfrenten la justicia por todo lo que hicieron", afirmó.
Asimismo, el fiscal informó que hay más de 50 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar contra generadores de violencia, adicionalmente siete han sido detenidas y 127 imputadas han sido procesadas por haber cometido actos violentos y estar relacionadas con el Cártel del Maíz en la zona Sierra de Chiapas.
En ese sentido, afirmó que por esta razón ya ninguna familia chiapaneca tiene motivos de verse desplazada de manera forzada por motivos de violencia.
Por ello, declaró que quienes se han desplazado a Guatemala en los últimos meses son familiares de integrantes del grupo delictivo y que no se trata de ciudadanos que huyen de la violencia.
"La mayoría de las familias que están emigrando, desplazándose a Guatemala son familiares de estas personas que estamos buscando, ¿por qué?, porque estas personas que tienen orden de aprehensión están residiendo en el vecino país de Guatemala, están resguardados, viviendo y sus familiares están yendo para allá", puntualizó.
Llaven Abarca dijo que el Cártel del Maíz se hizo pasar por una organización campesina y se dedicaba al cobro de piso y tenían una red de corrupción en la zona de la Sierra de Chiapas.
Con información de Latinus.
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Rangel acusó que cuando una figura de alto nivel difunde información que considera falsa, no se trata solo de comunicación, sino de manipulación. Además, advirtió que tolerar este tipo de prácticas implica aceptar que el poder puede mentir sin consecuencias.
Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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