"Les pongo una tachecita": Alejandro Armenta amenaza a sus funcionarios con sanciones si no le contestan sus llamadas
Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, advirtió que impondrá sanciones a sus funcionarios que no tomen llamadas telefónicas a altas horas de la noche o durante la madrugada.
Durante una conferencia de prensa la tarde del miércoles, el mandatario estatal dijo que la medida, la cual no precisó en qué consistirá, comenzará a aplicarse después de su primer informe de gobierno, el cual se llevará a cabo el próximo mes de diciembre.
Las declaraciones del mandatario se dieron después de que la prensa presente en su conferencia preguntara sobre el desabasto de medicamentos en la entidad y dijera que el secretario de Gobernación local, Samuel Aguilar Pala, tenía la obligación de estar al pendiente de que hubiera fármacos en la entidad.
"Le hablo a las 3 de la mañana y le digo, '3 de la mañana y no te has levantado' y le digo, 'son las 12 de la noche, ya estás durmiendo', y me contesta y los que no me contestan les pongo una tachecita y así se les va acumulando", explicó Armenta.
Según el gobernador, el tener una tabla de control de qué funcionarios contestan sus llamadas la aprendió de su "maestro asesor" Raúl Garzón Lazcano.
"Me dijo, 'haga su tablita y le va poniendo sus taches a los que no contesten los teléfonos y ahí se les va acumulando", añadió.
Cabe recordar que el pasado 10 de julio Alejandro Armenta le tronó los dedos a la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, durante una conferencia de prensa para señalarle que se apure en la promoción del estado.
Luego de la acción, Alejandro Armenta, se justificó diciendo que “así su abuelita le tronaba los dedos”, para evitar malinterpretaciones.
Posteriormente, por medio de redes sociales, Alejandro Armenta ofreció una disculpa por tronar los dedos a la funcionaria estatal.
Con información de Latinus.
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Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
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De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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