No quitarán "pensiones doradas" a exfuncionarios del Poder Judicial
El pasado martes 19 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la primera elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), celebrada el 1 de junio de este año en la República Mexicana.
Durante la sesión pública, los magistrados listaron para el debate más de 160 medios de impugnación acumulados, entre ellos los proyectos de sentencia presentados por los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis, que defendían que la elección de ministros debía declararse nula por tratarse de una "estrategia ilícita, coordinada, sistemática y generalizada que tuvo el propósito de influir en el voto".
Ambos argumentaron que las pruebas, incluidos más de 3 mil ejemplares físicos de acordeones y decenas de notas periodísticas, demostraban que estos materiales fueron distribuidos en las 32 entidades y coincidieron con los resultados finales.
Sin embargo, la mayoría de magistrados —Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes— rechazaron los proyectos al considerar que las pruebas eran "insuficientes y meramente indiciarias".
Señalaron que el uso de estadísticas o correlaciones no sustituye la exigencia constitucional de pruebas plenas.
"No se puede anular una elección con sospechas", advirtió Fuentes Barrera, quien dijo que la democracia debe sostenerse con certeza y que "respetar la voluntad ciudadana es fortalecer a la Suprema Corte".
Hoy, a 11 días de que entren en funciones, los ministros y ministras de la nueva SCJN informaron este miércoles que entre los acuerdos que proyectan existe uno para regular la realización de audiencias públicas en las que "participe la ciudadanía que conoce la realidad que se juzga".
Además, se espera que participen expertos en materias específicas u organizaciones, pueblo y comunidades que deseen expresar sus argumentos u opiniones.
En su cuarta reunión de trabajo y en los trabajos previos al inicio de su encargo, los nueve ministros revisaron proyectos de "Acuerdos Generales" para conformar un marco jurídico que les permita impartir justicia pronta, expedita y accesible; de igual forma, deliberaron sobre los perfiles idóneos que puedan conformar el Órgano de Administración Judicial.
Además de Aguilar Ortiz, los nuevos ministros de la SCJN son:
- Lenia Batres
- Yasmín Esquivel
- Loretta Ortiz
- María Estela Ríos
- Sara Irene Herrerías
- Giovanni Figueroa
- Irving Espinosa
- Aristídes Guerrero
La elección judicial, derivada de una reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), con el respaldo de Sheinbaum, entre otros puntos, redujo de once a nueve los ministros del Supremo, y creó un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que vigilará a todos los jueces del país. Sin embargo, esta mañana, un diario de circulación nacional publicó que la Suprema Corte va a heredar 29 pensiones doradas, mismas que fueron criticadas porque se siguen pagando.
Dos de los más reconocidos beneficiarios por estas pensiones son Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, ambos exintegrantes de la SCJN y actuales funcionarios por la bancada de Morena.
Este jueves durante "La Mañanera", se le cuestionó a la Presidenta Claudia Sheinbaum si pediría la donación de dicha pensión dorada a los exministros pues "la '4T' ha criticado mucho estas pensiones millonarias".
Ante esta cuestión, la Presidenta aclaró que se realizaron modificaciones al Poder Judicial entrante, más no a la actual administración, misma que seguirá teniendo sus atribuciones y disposiciones intactas una vez que se retiren de sus puestos en la Suprema Corte.
"La reforma constitucional quedó para esta Corte [sus integrantes] se pueden ir con sus haberes de retiro; a partir del primero de septiembre quedan nuevos salarios, nuevas disposiciones de a qué tiene derecho un ministro o ministra y ya su pensión normal. Así quedó planteada desde el inicio.
"La reforma no planteó que quienes tenían su pensión se retirara [...] ellos tienen qué decidir; en términos legales, lo pueden tener, hasta este [periodo] lo pueden tener, digamos "borrón y cuenta nueva" [...] a partir de la entrada de la nueva Corte, estas disposiciones cambian y hay un nuevo Órgano Administrativo que también tiene cierta autonomía por ley, y ese órgano va a determinar también pues todo el criterio de austeridad que debe tener el poder judicial", aclaró la Mandataria.
Sheinbaum finalizó esta intervención declarando que propondrá como presidente de este Órgano Administrativo a Néstor Vargas: "él es mi propuesta. [...] Es un hombre muy recto, me consta, porque ha trabajado conmigo, [...] conoce el Poder Judicial y además tiene todos los atributos".
Con información del Informador.mx
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Rangel acusó que cuando una figura de alto nivel difunde información que considera falsa, no se trata solo de comunicación, sino de manipulación. Además, advirtió que tolerar este tipo de prácticas implica aceptar que el poder puede mentir sin consecuencias.
Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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