INE cierra expediente de los sobres de dinero a Pío López Obrador; argumenta falta de pruebas
Al argumentar falta de pruebas y de colaboración por parte de autoridades fiscales y jurisdiccionales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró, por unanimidad, infundado el procedimiento sancionador contra Pio López Obrador por haber recibido fajos de dinero en 2015 de parte de David León.
La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, indicó que este asunto —que data del 2020— se resolvió en esta fecha debido a que el instituto se encontraba al límite de la prescripción de los delitos investigados.
Afirmó que tras revisar diversa información con la que pudo contar el INE, no se encontraron elementos para determinar que el dinero recibido por Pio López Obrador fue destinado a campañas políticas de Morena, toda vez que no hubo rastro bancario en cuentas de David León y del hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Dijo que la Unidad Técnica verificó documentación soporte, registros contables, consideró peritajes técnicos al material audiovisual, “y de nada de ello se obtuvo lo suficiente para acreditar la conducta denunciada, no hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto y carácter partidista del efectivo observado, por lo tanto, la conducta no se acredita”.
El consejero Jaime Rivera votó a favor del acuerdo, aunque resaltó “hay casos en que la realidad empírica no coincide con la realidad jurídica”.
Recordó que en un video —difundido por Latinus en 2020— se mostró la entrega de dinero en efectivo de David León a Pío López Obrador; “muchos miramos y escuchamos y vimos el diálogo por medio de una prueba técnica que deja en evidencia un hecho”, aseveró.
Resaltó que días después, un testigo de calidad —en referencia a David León— dijo públicamente que ese dinero eran aportaciones al movimiento.
Jaime Rivera resaltó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales se resistió a entregar sus investigaciones, aunque un juez le ordenó entregar la información, por lo que el 15 septiembre 2022 remitió al INE su carpeta de investigación de este caso, aunque no había información sobre el destino del dinero.
Dijo que dicha fiscalía tiene más facultades y medios de investigación que el INE, pero en noviembre del 2022 la FGR decidió no ejercer acción penal porque argumentó que los videos fueron alterados en el proceso de postproducción.
El consejero indicó que el INE hizo sus diligencias, pero resultaron infructuosas.
La consejera Dania Ravel destacó que el órgano electoral nacional solicitó información de este caso al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Auditoría de Chiapas, pero negaron tener información.
Con información de Latinus.
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Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
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De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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