“En Culiacán llevamos un año de guerra sin fin”: madres buscadoras encienden 3 mil velas por los desaparecidos

Colectivos de madres buscadoras realizaron la tarde de este martes 9 una manifestación en la explanada del Palacio de Gobierno estatal en Culiacán, para exigir a las autoridades la búsqueda de las casi 2 mil personas que, según cifras oficiales, desaparecieron en la entidad a un año exacto de que estallara un conflicto armado al interior del cártel de Sinaloa.

A partir de las 5 de la tarde, las madres buscadoras colocaron a lo largo y ancho de la explanada 3 mil veladoras como símbolo de cada una de las personas desaparecidas en este año de ‘guerra’. Para los colectivos, la cifra oficial de 1 mil 937 privaciones de la libertad tendría un subregistro de al menos mil casos. La llamada ‘cifra negra’.

Hoy se cumple un año de esta guerra sin cuartel. Y estas veladoras son una manera de visibilizar todo el dolor, la angustia y frustración que estamos pasando los culiacanenses”, expuso en entrevista María Isabel Cruz Bernal, presidenta fundadora de la colectiva Sabuesos Guerreras, y madre de Josimar García Cruz, un policía municipal de Culiacán desaparecido el 26 de enero de 2017.

“Ha sido un año muy pesado. No podemos salir de casa porque hay miedo. Es como si viviéramos en una burbuja de la que no podemos salir”, añadió la activista, que criticó que las autoridades de la Fiscalía estatal, si bien “dan la atención cuando hay la fiebre de una marcha o una protesta”, no ofrece resultados que conduzcan a pistas o al hallazgo de las miles de personas que permanecen desaparecidas.

“No hay avances, no hay seguimiento de los casos, no hay una estrategia para realizar las búsquedas. No hay nada, pues”, sentenció María Isabel Cruz.

A los desaparecidos “los buscamos con nuestros medios”

Carla González, una joven que viste una playera blanca y una gorra con el rostro de su hermano Gerardo, un empleado de 47 años de la Comisión Federal de Electricidad, cuenta rodeada de velas titilantes que su familiar desapareció a las 21 horas del 26 de julio de este 2025; hace apenas un mes y medio. Todavía no saben mucho del suceso. Al parecer, un grupo armado se llevó a Gerardo a la fuerza a bordo de un “carro oscuro”.

“Desde entonces, lo hemos buscado básicamente por nuestros propios medios. Pateando las calles y pegando fotografías con su cara aquí y allá”, señala González, quien apunta que, como muchas de las mujeres que se hincan para prender una de las miles de velas que hay en la explanada, se siente sola y desprotegida ante unas autoridades desbordadas e inoperantes.

Venimos para exigir justicia y para pedir que ya se acabe esta ola de violencia en Culiacán y Sinaloa. Estamos viviendo una pesadilla todos los días. No le deseo a nadie esta situación tan terrible que estamos viviendo”, asegura la joven.

Rosi Félix, madre de Jesús Tomás, un joven de 28 años desaparecido el 1 de noviembre de 2024, se abre paso cargando un cirio por un largo pasillo de velas que, con la caída de la noche en la capital sinaloense, comienzan a brillar en el suelo de la explanada donde se ubica el palacio de gobierno donde despacha el gobernador morenista, Rubén Rocha Moya.

“Nos manifestamos porque ya decimos basta. Estamos cansados de sobrevivir. Porque esto ya no es vivir. Es sobrevivir a una guerra sin fin, en la que las desapariciones son diarias”, subraya la mujer, que sujeta con ambos brazos el cirio con la fotografía de su hijo, un joven que luce en la imagen una gorra verde y una playera blanca.

Mientras a su alrededor otras madres despliegan lonas frente al palacio estatal con los rostros de sus seres queridos, Rosi narra que su hijo desapareció la noche de Halloween, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre pasado.

“Mi hijo es un joven totalmente sano, deportista, sin vicios. Llevaba por los menos tres meses sin salir de casa, por lo mismo de que tenía miedo por la violencia. Esa noche agarró valor y decidió salir con un amigo con el que estuvo conviviendo. Cuando se retiró del lugar, ya no llegó a casa. Y ahí empezó la pesadilla”, expone la madre y activista, que llegó sofocada a la manifestación y algo tarde porque se encontraba realizando una búsqueda con sus propios medios.

Yo lo busco a diario, sin parar. Muchas veces voy sin rumbo ni dirección, solo con la ilusión de tener una pista de él”, dice y se le quiebra la voz durante unos segundos.

Además, Rosi cuenta que ella es una mamá “doblemente afectada” por la guerra al interior del cártel de Sinaloa. Además de la desaparición de su hijo, el pasado 9 de septiembre, justo un año atrás, a otra hija le robaron el coche con violencia a la salida de un establecimiento comercial. Por el susto del suceso, su hija perdió un embarazo de casi cuatro meses.

“Por eso estoy tan afectada, dolida y destrozada”, dice con rabia. “Pero lo que me tiene en pie es la ilusión y la esperanza de poder encontrar a mi hijo y darle ese abrazo que nos quedó pendiente la última noche que lo vi”.

Desde el 9 de septiembre del año pasado, cuando comenzó la crisis de seguridad por las disputas entre ‘los chapitos’ y ‘los mayos’, facciones del cártel de Sinaloa, y con corte al 6 de septiembre pasado, en la entidad se han registrado mil 964 asesinatos, mil 937 privaciones de la libertad, 6 mil 990 vehículos robados, mil 688 detenidos y 112 abatidos por las autoridades.

Con información de Animal Político. 

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Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.

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Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana. 

La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo. 

La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.

Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.

Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.

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