Pide CCE ética a gasolineros para no participar del huachicol y promover la economía informal
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Leopoldo Mares, pidió a los empresarios del gremio gasolinero trabajar con ética y no ser partícipes de la compra de combustible ilegal mejor conocida como “huachicol” ya que de esta manera se promueve la economía informal.
Externó que esta problemática se encuentra reflejada en todo el país por lo que pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno, trabajar con estrategia y coordinación para combatir esta situación que se encuentra en aumento.
“Las autoridades necesitan tomar mucha acción ya que con esto se promueve el robo de comustible, afecta la economía de quienes si trabajan conforme a la ley poneiendolos en desventaja de precios y ponen en riesgo a las perosnas que transitan por las zonas donde se tiene este combustible de manera ilícita”, expresó.
Cabe recordar que en Chihuahua la práctica del robo de combustible ha aumentado significativamente en los últimos años. En 2024, se reportaron 154 tomas clandestinas, un incremento de 30 tomas en comparación con 2023, lo que representa un aumento del 24.2 por ciento. Además, se tiene registro de almenos 30 homicidios dolosos relacionados con el huachicol tan solo en la zona norte de la capital, lo que indica un aumento en la violencia asociada a este delito.
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América Rangel crítica imágenes del AIFA y desata debate político
La diputada América Rangel criticó públicamente las imágenes del AIFA difundidas por Claudia Sheinbaum, señalando que, aunque pueden parecer motivo de burla, en realidad reflejan una situación “muy grave”.
Rangel acusó que cuando una figura de alto nivel difunde información que considera falsa, no se trata solo de comunicación, sino de manipulación. Además, advirtió que tolerar este tipo de prácticas implica aceptar que el poder puede mentir sin consecuencias.
Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
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