Arena de rodeo del Expogan y el artista de calle 24 entre los clausurados este fin de semana
El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que del 29 de septiembre al 6 de octubre se realizaron 293 inspecciones a locales y establecimientos en la capital, resultado de las cuales se levantaron 15 actas administrativas por diversos motivos y se efectuaron ocho clausuras.
*_Entre los establecimientos sancionados destacan:_*
* Restaurante Bar Don Porfirio, por operar fuera del horario permitido.
* Licorería La Canasta 28, por carecer de varios documentos requeridos.
* Chofer particular, por no contar con el permiso de porteo necesario para el traslado de bebidas alcohólicas.
* Arena de Rodeo de la Expogan, por exceder el aforo autorizado.
Asimismo, durante el espectáculo del artista Calle 24 en el Palenque de la Feria de Santa Rita, se detectó la interpretación de temas que constituyen apología del delito, por lo que se hizo efectivo el depósito en garantía por un monto de 735, mil 410 pesos, el cual ingresará a las arcas municipales como sanción correspondiente.
De igual forma, se concretaron tres clausuras adicionales derivadas de actas no atendidas de la semana anterior, correspondientes a los establecimientos: Licorería Lombardo Toledano, C&J II, y BIF Cantera.
La Subdirección de Gobernación mantiene activa una célula preventiva, integrada por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, cuyo propósito es garantizar el orden, el sano desarrollo de las actividades comerciales nocturnas y prevenir la venta o consumo de sustancias ilícitas.
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América Rangel crítica imágenes del AIFA y desata debate político
La diputada América Rangel criticó públicamente las imágenes del AIFA difundidas por Claudia Sheinbaum, señalando que, aunque pueden parecer motivo de burla, en realidad reflejan una situación “muy grave”.
Rangel acusó que cuando una figura de alto nivel difunde información que considera falsa, no se trata solo de comunicación, sino de manipulación. Además, advirtió que tolerar este tipo de prácticas implica aceptar que el poder puede mentir sin consecuencias.
Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
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