Jorge Romero anuncia que el PAN iniciará selección de candidatos hacia 2027

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigencia del PAN anunció este martes que iniciará la selección de candidatos hacia 2027 de manera anticipada.

La práctica ha sido aplicada desde 2019 por Morena, aunque con las previsiones para sacarle la vuelta a las disposiciones legales que impiden actos anticipados de naturaleza electoral.

En Puebla, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, anunció que Acción Nacional será el primer partido que arrancará con los procesos de selección de “los mejores hombres y mujeres que serán los abanderados del blanquiazul para las elecciones del 2027”.

Añadió:

“Pasará en Puebla y pasará en todo el país. El PAN deja atrás la práctica de designar a los más cercanos para abrirle a la ciudadanía nuestras candidaturas para que gane la o el mejor”. 

Jorge Romero declaró al PAN listo para hacer todas las alianzas estratégicas con la ciudadanía, y con los auténticos liderazgos en todo el país para ser una opción de cambio en el gobierno, una expresión que surge de su relanzamiento anunciado a finales del año pasado.

“O nos vinculamos con los ciudadanos o no tenemos nada que hacer por más que cambiemos un logo, por más que subamos espectaculares. O nos conectamos con las causas ciudadanas o no tenemos nada que hacer”, enfatizó.   

En su intervención, el dirigente panista fue reiterativo en pedir que la reforma electoral que viene incluya la pérdida de registro de partidos vinculados al crimen organizado, entre otras expresiones críticas hacia los gobiernos de Morena.

 

 

Con información de: Proceso.

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Rangel acusó que cuando una figura de alto nivel difunde información que considera falsa, no se trata solo de comunicación, sino de manipulación. Además, advirtió que tolerar este tipo de prácticas implica aceptar que el poder puede mentir sin consecuencias.


Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.


Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.

De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.

Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.

El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.

Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana. 

La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo. 

La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.

Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.

Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.

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