Reportan un nuevo bloqueo en la carretera Mazatlán-Tepic

CULIACÁN, Sin. (apro).- La carretera Mazatlán-Tepic fue bloqueada de nuevo con un vehículo pesado, al cual le prendieron fuego a la altura del municipio de Escuinapa, zona que desde diciembre del año pasado ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos rivales y contra la autoridad. 

La Guardia Nacional división caminos únicamente describe el bloqueo como un vehículo incendiado en dicha carretera al sur de Sinaloa. 

 

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) dio a conocer en sus redes sociales que el bloqueo se dio por una “vandalización” tipo incendio en el kilómetro 183, por lo que comenzó un despliegue en la zona para liberar la carretera. 

 

La carretera Tepic-Mazatlán fue bloqueada recientemente en diciembre por grupos armados durante choques entre facciones rivales, mismos que se han incrementado en esa zona de Escuinapa e incluso extendido a su cabecera municipal. 

En ese mes se registraron al menos tres bloqueos. El primero 14 de diciembre, luego un segundo el 17 y finalmente el 21, todos en la zona de Escuinapa en el sur extremo de Sinaloa. 

 

 

con información de: Proceso.

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Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.


Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme

La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.

De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.

Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.

El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.

Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana. 

La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo. 

La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.

Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.

Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.

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