CNDH descalifica informe de Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas en México: ‘Está sesgado’
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su rechazo al informe del Comité de Desapariciones Forzadas de ONU sobre la crisis de desaparecidos en el país.
El organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra acusó que el Comité de Naciones Unidas ignoró los esfuerzos del Estado mexicano en los últimos años para revertir esta crisis.
“En lugar de tomar en cuenta los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales que se han llevado a cabo por el Estado mexicano en los últimos 7 años, optó por atender la opinión sesgada de organizaciones como el Centro Prodh”, sostuvo la CNDH.
Foto: Especial
CNDH acusa sesgo de la ONU
La CNDH argumentó que el organismo internacional ignoró el peso de la llamada “Guerra contra el Narcotráfico” iniciada durante el sexenio de Felipe Calderón, por lo que su informe está sesgado.
“Para esta Comisión Nacional se trata de una postura acomodaticia y sesgada el hacer, como lo hace, un juicio minorizado de las terribles consecuencias de la ‘Guerra contra el narcotráfico’ de Calderón. Y a la inversa, es una visión que minimiza los logros en materia de seguridad”, resaltó la dependencia.
El pronunciamiento surge luego de que el Comité de la ONU determinara llevar la situación de México ante su Asamblea General con carácter de “urgente”, señalando que las desapariciones en territorio mexicano se siguen perpetrando como crímenes de lesa humanidad.
Foto: Cuartoscuro
Desaparición forzada ya no es política de Estado: CNDH
La CNDH reiteró que la desaparición forzada ha dejado de ser una política de Estado, como lo fue en sexenios anteriores e incluso aseguró que faltas.
Según el organismo, desde 2018, los casos cometidos por autoridades federales han disminuido a niveles mínimos.
“Si bien está pendiente de saldarse la deuda con las víctimas de la violencia política del Estado, los casos de desapariciones forzadas cometidas por autoridades federales han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer”, destacó la dependencia.
Con información de: Político.mx
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Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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