Operan seis parques solares en Chihuahua
Al recibir Chihuahua una incidencia solar de las mayores que se registran en mundo, la entidad acoge a seis centrales fotovoltaicas de las 34 que operan en el país y se proyecta a mediados de 2019 colocar la primera piedra de la segunda fase del parque solar Los Santos.
El analista económico Armando Argüello, señaló que la entidad energía solar que recibe el estado es suficiente para dotar de energía a todo el país, precisamente son Chihuahua y Durango las entidades que acogen el mayor número de parques solares, ambas seis.
De acuerdo con Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), los parques solares que operan en Chihuahua son el Camargo, ubicado en el municipio del mismo nombre, del consorcio Avant/Balam; El Trece Solar de Invex/Aljaval, instalado también en Camargo; Kaixo de Energoya/Dominion Energy, establecido en Ciudad Juárez; Torrencitos de Invex/Aljaval, en Jiménez; Los Santos Solar 1 de Buenavista Renewables, en Villa Ahumada y Santa María de Zuma Energía, instalado en Galeana.
Lo que viene
Con una inversión de 60 millones de dólares, para mediados de 2019 se proyecta iniciar la segunda fase del parque fotovoltaico Los Santos I en la comunidad de Moctezuma, que comprenderá la instalación de más de 100 mil paneles solares en 60 hectáreas, ha informado Miguel Ángel Calderón Salinas, director del Parque de Innovación La Salle, institución socia de la planta solar.
Con una incidencia de más de 300 días del sol al año, Chihuahua tiene la oportunidad de generar energía fotovoltaica, indicó Calderón Salinas, quien agregó que en este momento se está en el proceso de las firmas de contratos con las empresas a las que se suministrará la energía.
En la actualidad El parque solar Los Santos I genera la energía suficiente para abastecer a la empresa manufacturera Leoni Cable en sus plantas localizadas en Cuauhtémoc, Durango y El Bajío y el distrito norte de la Universidad La Salle que comprende 50 contratos con la CFE al contemplar las cinco universidades de La Salle y los edificios de los institutos desde preescolar hasta preparatoria, en el norte del país.
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La diputada América Rangel criticó públicamente las imágenes del AIFA difundidas por Claudia Sheinbaum, señalando que, aunque pueden parecer motivo de burla, en realidad reflejan una situación “muy grave”.
Rangel acusó que cuando una figura de alto nivel difunde información que considera falsa, no se trata solo de comunicación, sino de manipulación. Además, advirtió que tolerar este tipo de prácticas implica aceptar que el poder puede mentir sin consecuencias.
Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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